07/01/2026
El cambio más importante después del golpe no ocurrió en el poder, ocurrió en los ciudadanos
Diecisiete años después del golpe de Estado, Honduras ha cambiado casi todo lo que parecía inamovible. El bipartidismo dejó de dominar completamente la vida política. Un expresidente fue extraditado a Estados Unidos. El partido que nació de la resistencia al golpe llegó al gobierno y posteriormente fue derrotado en las urnas. El Partido Nacional perdió el poder después de doce años y regresó pocos años más tarde. Ninguno de esos acontecimientos parecía imaginable aquella mañana del 28 de junio de 2009.
Sin embargo, detrás de esa sucesión de hechos existe una paradoja que ayuda a entender mejor el país que dejó aquel período. Las élites políticas cambiaron mucho menos de lo que cambiaron los ciudadanos.
Esa fue, quizá, la conclusión más interesante que dejó la conversación con la socióloga y ex rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, en el programa +conscientes del 30 de noviembre.
Aunque el programa comenzó con una revisión histórica del golpe de Estado, terminó convirtiéndose en una reflexión sobre algo mucho más profundo: la dificultad de la clase política hondureña para comprender que el país al que intenta gobernar ya no se comporta como hace dos décadas.
Durante la entrevista, Castellanos insistió en que la crisis de 2009 no apareció de manera espontánea. Recordó que el sistema político ya venía mostrando señales de agotamiento desde los años ochenta, cuando comenzaron las primeras disputas por la continuidad presidencial, la manipulación de las reglas constitucionales y la pérdida gradual de la capacidad de construir acuerdos entre las principales fuerzas políticas. En su lectura, el golpe fue la ruptura más visible de un deterioro que llevaba años desarrollándose.
Pero si el origen de la crisis venía de atrás, lo verdaderamente llamativo ocurrió después.
En estos diecisiete años cambiaron los gobiernos, pero muchas de las formas de ejercer el poder permanecieron sorprendentemente parecidas.
El Partido Nacional construyó uno de los períodos de mayor concentración institucional desde el retorno al orden constitucional. Libre llegó prometiendo desmontar ese modelo y terminó, según la propia Castellanos, reproduciendo una lógica similar de patrimonialización del Estado, concentración de decisiones y utilización del aparato público como extensión del proyecto político gobernante. Antes, Manuel Zelaya había concebido el Estado desde relaciones profundamente personalistas que la exrectora vinculó incluso con una tradición política anterior a 2009.
Los nombres cambiaron, las justificaciones también, pero la relación entre poder e instituciones mostró muchas más continuidades que rupturas. Algo parecido ocurrió con los partidos políticos.
El Partido Liberal nunca consiguió reconstruir la posición dominante que perdió después de la crisis de 2009. El Partido Nacional terminó pagando el costo político de la concentración de poder que construyó durante más de una década. Libre, que nació precisamente denunciando esas prácticas, terminó enfrentando críticas muy similares una vez instalado en el gobierno. Cada uno llegó ofreciendo una manera distinta de hacer política. Ninguno logró romper completamente con las inercias del sistema que decía combatir.
Hasta ahí podría concluirse que muy poco cambió en Honduras.
Sin embargo, esa conclusión sería incompleta. Porque hubo un actor que sí cambió profundamente: la ciudadanía.
Durante buena parte del siglo XX, la política hondureña descansó sobre una idea relativamente estable: las identidades partidarias sobrevivían a los gobiernos. Ser liberal o nacionalista era, muchas veces, una condición heredada. Las derrotas electorales existían, pero el voto duro ofrecía a los partidos una base suficientemente sólida para pensar el poder como una disputa permanente entre las mismas organizaciones.
Ese país comenzó a desaparecer después de 2009.
Julieta Castellanos recordó durante la entrevista que hoy ningún partido puede sentirse propietario del poder porque el votante dejó de responder a aquellas lealtades históricas. El ciudadano castiga, cambia de opción y distribuye su voto con mucha mayor libertad que hace apenas dos décadas. La alternancia dejó de ser una excepción para convertirse en una posibilidad constante.
Esa transformación ayuda a explicar buena parte de la historia reciente. Explica por qué Libre pudo crecer hasta llegar al gobierno. Explica por qué el Partido Nacional perdió el poder después de doce años. Explica también por qué Libre fue incapaz de consolidarse como fuerza dominante. Ninguno de esos procesos puede entenderse únicamente observando a los partidos. Es necesario observar también a los electores.
Paradójicamente, quienes parecieron aprender más rápido de las crisis políticas fueron los ciudadanos. Quienes mostraron mayores dificultades para hacerlo fueron las organizaciones encargadas de representarlos.
Quizá allí se encuentra el verdadero balance de estos diecisiete años.
El golpe de Estado de 2009 modificó profundamente el sistema político hondureño, pero no produjo la transformación que muchos esperaban. Las instituciones conservaron buena parte de sus debilidades, las élites continuaron reproduciendo prácticas que habían prometido superar y los partidos siguieron compitiendo con una lógica construida para un país que ya no existe.
La transformación más silenciosa ocurrió fuera de las sedes partidarias y de los edificios públicos. Ocurrió en la forma en que los hondureños comenzaron a relacionarse con el poder. El ciudadano dejó de asumir que los gobiernos eran permanentes y descubrió que también podía retirarlos. Desde entonces, cada elección se ha convertido menos en una disputa entre partidos y más en un examen sobre la capacidad de quienes gobiernan para conservar la confianza de una sociedad mucho menos dispuesta a otorgar lealtades incondicionales que hace diecisiete años.
